A simple vista es un convenio positivo para estabilizar el precio del combustible y también para proteger la economía de los consumidores. No obstante, puede tener notables efectos adversos que impactan en la competencia, la operación de las empresas privadas, el empleo, a Petróleos Mexicanos y a la macroeconomía.
En días pasados, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo histórico y voluntario con empresarios gasolineros en México para topar el precio de la gasolina regular o magna en 24 pesos el litro durante los próximos seis meses.
A simple vista es un convenio positivo para estabilizar el precio del combustible y también para proteger la economía de los consumidores. No obstante, puede tener notables efectos adversos que impactan en la competencia, la operación de las empresas privadas, el empleo, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la macroeconomía.
Vamos por partes. México ha vivido momentos desastrosos cuando ha pretendido establecer precios máximos porque cuando son insostenibles la inflación se dispara, generando efectos adversos en la cadena productiva, resultando contraproducente para los consumidores finales.
No olvidemos que en 2024 el precio de la gasolina aumentó en promedio 6.8%, mientras que la inflación fue de 4.2% y cuando se pretenda reflejar el verdadero aumento de las gasolinas en el Índice Nacional de Precios al Consumidor se va a causar un desequilibrio macroeconómico porque el costo del transporte impacta en toda la cadena productiva.
Actualmente, el margen de ganancia de los empresarios gasolineros por cada litro de combustible que venden es limitado. Con el acuerdo, este beneficio estaría rondando los dos pesos por cada litro de gasolina, pero sus costos operativos en ocasiones rebasan los tres pesos por litro.
Bajo esa perspectiva, los distribuidores de combustibles tendrán que ser más eficientes en sus gastos, sacrificando nuevas inversiones y reduciendo gastos en mantenimiento que, a menudo, inciden en la seguridad, o de plano reducir personal.
Incluirse “voluntariamente” en este pacto no reportará ninguna ganancia para los empresarios gasolineros porque el gobierno no va a reducirles el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ni a condonarles impuestos. Y no lo puede hacer porque el presupuesto de 2025 fue elaborado con base en ese gravamen que no puede modificar. Si quisiera apoyar, el gobierno tendría que disminuir el impuesto hasta el año siguiente.
Pocos saben que al comprar un litro de combustible automotriz, al menos una cuarta parte de su precio va directo al fisco por el IEPS. Este gravamen representa 6.45 pesos por litro en la gasolina magna, 5.45 pesos en la premium y 7.09 pesos en el diésel. Es así que la administración federal pide a los empresarios sacrificar su margen comercial pero no está dispuesta a sacrificar sus ingresos fiscales.
Con este acuerdo, Petróleos Mexicanos tampoco gana. Para que los empresarios obtengan al menos los dos pesos de margen comercial, deberá garantizar que los costos de producción en sus ineficientes refinerías —que apenas alcanzan una capacidad de producción de 60% — no aumenten, y que los costos de logística y transporte tampoco se eleven.
¿Es probable que las pérdidas que reporta Pemex en su negocio de refinación aumenten?
Sí, muy probable porque no hay garantía de que el precio en el mercado internacional no aumente y no debemos olvidar que más de la mitad de los combustibles que se consumen en México provienen del extranjero ante la incapacidad que ha tenido Pemex para elevar la producción de petróleo y petrolíferos.
Adicionalmente, este límite de precios a la gasolina impacta en la percepción de nuevas inversiones en el sector, pues genera incertidumbre entre los empresarios y eso inhibe las nuevas inversiones.
